Apenas recorro los barrios del Municipio CH y me encuentro con la falta de limpieza e iluminación de los barrios de Punta Carretas y Pocitos, y la inseguridad permanente de los comerciantes y nocturna de los vecinos en los barrios de Buceo y La Blanqueada comprendo lo mucho que falta por hacer. Estos son sólo ejemplos de brocha gorda, pero cuando comienzo a hablar con los vecinos y descubro el desengaño de muchos respecto de los servicios públicos que anhelan y ya sienten nunca recibirán, me cuesta disimular una profunda rebeldía ante la mediocridad instalada en nuestros barrios.

La muy buena ley 19272 de descentralización y participación ciudadana del año 2014 establece que gradualmente se habrán de transferir del gobierno departamental al gobierno municipal todas las atribuciones, los poderes jurídicos y los necesarios recursos para que el gobierno de cercanía encabezado por cada alcalde municipal, tenga medios para dar respuestas contundentes a los vecinos a quienes permanentemente les da la cara. Esta previsión, clave para el éxito práctico de una ley muy favorable para los vecinos, lamentablemente no se ha cumplido y urge dotar a los Alcaldes de potestades administrativas para poder dar seguimiento y tomar acciones respecto del desempeño de los servicios que cumplen en el territorio de su municipio, aquellas actividades dependientes contractualmente u orgánicamente del gobierno departamental.

Nos preocupa además la seguridad de los vecinos, y no comprendemos cómo la gran cantidad de cámaras desplegadas por la intendencia, que superan mucho las desplegadas por el ministerio del interior, se usan sólo para el control vehicular, desaprovechando la oportunidad de utilizarlas también territorialmente con fines de vigilancia y seguridad ciudadana municipal.